Existe una directiva europea (la 2020/285, aprobada por el Consejo Europeo el 18 de febrero de 2020) que tiene como objetivo simplificar y modernizar el régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) dentro de la Unión Europea (UE). Entre las disposiciones de la directiva europea sobre el IVA, destaca la posibilidad de eximir a ciertos contribuyentes de la obligación de incluir el IVA en sus facturas y de tener que presentar declaraciones periódicas por este impuesto, concretamente aquellos cuya facturación anual no exceda los 85 000 euros, fundamentalmente autónomos y pequeñas empresas.
Ello significa no tener que emitir facturas con IVA, y dejar de presentar y liquidar las declaraciones trimestrales y anuales del impuesto. No obstante, se establece una cláusula de salvaguarda por la cual, si el volumen de negocio de los contribuyentes que se beneficien de esta exención supera en más de un 10% el límite de facturación establecido, dejaría de aplicarse automáticamente este régimen (aunque la directiva permite a los Estados ampliar este porcentaje hasta el 25%).
La Directiva 2020/285 fue adoptada como parte de un paquete de medidas para mejorar la administración del IVA en la UE. Uno de los propósitos fundamentales de esta normativa es reducir la carga administrativa para los autónomos y las pequeñas empresas.
En este contexto, la propuesta de exención de la obligación de presentar declaraciones del IVA para aquellos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros busca, precisamente, facilitar y simplificar su operativa diaria.
La transposición de esta directiva europea sobre el IVA a la normativa española plantea un escenario de cambios significativos para los autónomos y las pequeñas empresas, cuyos efectos pueden ser tanto positivos como negativos.
La transposición de la Directiva 2020/285 a la normativa española no es automática. Corresponde al Gobierno español elaborar un proyecto de ley que refleje los cambios propuestos por la directiva europea sobre el IVA y que posteriormente debe ser aprobado por el Parlamento.
De momento, se han realizado consultas con diferentes sectores económicos y asociaciones de autónomos para evaluar el impacto de la directiva y recoger opiniones sobre la mejor forma de implementación. Estas consultas son esenciales para asegurar que la transposición responda a sus necesidades.
En todo caso, la duración del proceso legislativo puede variar, pero la normativa europea establece un plazo máximo para la transposición. Según el artículo 3 de la directiva, los Estados miembros deben adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma, a más tardar, el 31 de diciembre de 2024. Y se aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2025.
Transcurridos estos plazos, y si no se establecen prórrogas, España se arriesgaría a ser sancionada por la UE.
Aquellos que crean que podrán seguir aplicándose la exención una vez que han superado el límite de facturación, simplemente presentando la baja de la actividad y dando de alta otra nueva, deben saber que la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 4 de octubre de 2024 ha declarado que la creación de una sociedad para disfrutar de la exención por una actividad que ejercía anteriormente otra, en el momento en el que esta última dejó de cumplir los requisitos necesarios para acogerse a su régimen, resulta una práctica abusiva y ya no podrá volver a aplicarse tal exención, sin necesidad de que la norma estatal recoja esta prohibición.
La posible transposición de la Directiva europea 2020/285 a la normativa española podría tener un impacto significativo en los autónomos y las pequeñas empresas cuya facturación no exceda de los 85.000 euros, ofreciendo beneficios como la reducción de la carga administrativa, la minoración de costes de gestión y el fomento de la formalización de las actividades económicas. Sin embargo, también existen desventajas, como la pérdida de la capacidad de deducir el IVA y el riesgo de desigualdades en el mercado.
El éxito de esta directiva europea del IVA dependerá de su adecuada implementación y de cómo el Gobierno español aborde los desafíos asociados. En un contexto donde la carga fiscal y administrativa es un tema recurrente para los autónomos y las pequeñas empresas, la transposición de esta directiva podría ser una oportunidad para mejorar la viabilidad de los que puedan beneficiarse de estas medidas, pero debería mantenerse un equilibrio entre la simplificación administrativa y la equidad fiscal.
Este artículo se ha publicado en The Conversation